El indulto a José Enrique Crousillat es un caso escandaloso, advertido desde que se conoció el asunto, y negado reiteradamente por Alan García y sus más altos funcionarios.

La corrupción en la liberación ha salpicado a Palacio de Gobierno y desde allí han salido algunas órdenes que buscan disminuir el escándalo que tomó vuelo cuando el indultado por razones humanitarias –lo que dijo el gobierno es que estaba agonizando- inició acciones encaminadas a recuperar el canal 4, América Televisión, el más visto del país, que bajo su propiedad vendió la línea editorial por varios millones de dólares.

Las disposiciones de que sean nuevos peritos los que vean el caso de salud de Crousillat y la posibilidad de revocarle la gracia presidencial, lo que lo mandaría de regreso a la cárcel, muestran que las cosas están caminando por donde deben en ese aspecto, pero allí no debe quedar.

La denuncia penal que Crusillat entabló en contra de los miembros de la junta de administración del canal 4, ha revelado una preocupante participación de Alejandro Toledo, cuando era presidente de la República, en la transferencia de la propiedad de ese medio de comunicación.

Ayer, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, dijo, según Andina, que el Gobierno ha escuchado con “absoluta preocupación” la posibilidad de que durante la pasada administración del presidente Alejandro Toledo se haya tratado de influenciar de una manera indebida para lograr la transferencia de un canal de televisión. Y ha agregado que el Gobierno “exige una inmediata investigación por parte del Congreso y de la Fiscalía”.

Son cosas distintas. El indulto a Crousillat, evidentemente corrupto, es una cosa. El manejo del canal con la venta de la línea editorial a Montesinos, es otra y esa le costó la cárcel luego de su extradición desde Argentina, que terminó con el indulto presidencial, pero la intromisión indebida de un presidente para cambiar de propiedad un canal es otra que también debe tomarse muy en serio.